El día martes 12 de junio de 2007 al promediar las 10 a.m. se produjeron enfrentamientos entre campesinos de la comunidad de Totorococha, Distrito de La Encañada, personal policial y miembros de la empresa de seguridad FORZA. Los campesinos reclamaban por falta de pagos de una obra de construcción de agua potable financiada por Minera Yanacocha y ejecutada por una empresa contratista.
Debido a los reclamos campesinos que incluyeron la toma de maquinaria pesada, fueron detenidos 13 campesinos y luego trasladados a la DIVINCRI de la ciudad de Cajamarca, entre los detenidos figuraban dos menores de edad y dos ancianos.
Hay múltiples testimonios de campesinos que manifiestan que FORZA y miembros de la policía nacional que trabajan de forma asalariada para Minera Yanacocha ingresaron a sus domicilios e incluso al local de la escuela pública de Totoracocha lanzando bombas lacrimógenas y haciendo disparos de perdigones sin contar para ello con orden judicial alguna. Algunas de las bombas impactaron sobre los cuerpos y rostros de campesinos, como es el caso del joven rondero Carlos Cueva Llamoctanta que fue hospitalizado en la Clínica Limatambo. Otros campesinos como la señora Berselia Chávez Alva fueron impactadas por disparos de perdigones. (Ver fotografías adjuntas)
Los campesinos, apenas si tenían la asesoría legal de la Dra. Mirtha Vásquez, Directora de GRUFIDES, mientras que la empresa minera tenía a cinco abogados que buscaban que la autoridad policial y fiscal imputaran la mayor cantidad de delitos a los campesinos detenidos, para lo cual mostraban videos que identificaban a los campesinos no así las imágenes de los excesos cometidos por el personal de FORZA y de la PNP.
Los campesinos Rogelio Garay Cruzado (43), Ermis Chávez Alva (20), Jorge Ortiz Guerra (23), Paulino Chávez Guerra (46) y la campesina Reyna Sánchez Chávez (31) han sido acusados por la fiscalía de haber cometido delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, contra la libertad personal en la modalidad de secuestro, contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad y daños materiales por lo que el día jueves 14 de junio han sido internados en el penal de máxima seguridad de Cajamarca. Algunos de estos cargos tienen penas privativas de libertad de hasta 30 años según el endurecimiento de las leyes dictaminadas por el actual gobierno.
En algunos diarios locales de la ciudad se publicaron testimonios campesinos que dicen: “El enfrentamiento lo provocó la Minera Yanacocha al no querer entablar un dialogo cuando exigíamos nuestros derechos y llamar a la policía para que nos reprima violentamente”.
Igualmente el Sr. Walter Chuquiemango Paisig, Teniente Gobernador de la Comunidad de Totorococha denunció que: “A nosotros durante el enfrentamiento se nos ha tratado como cualquier cosa, nos han golpeado con palos, patadas puñetes con balas y bombas lacrimógenas, por eso exigimos se haga justicia”.
El día de hoy viernes 15 de junio, diversas parroquias, la Comisión Diocesana de Pastoral Ambiental y diversas comunidades cristianas de Cajamarca, contando con la iniciativa de la Asociación Civil ECOVIDA, están convocando a los ciudadanos en horas de la noche en la plaza de armas de la ciudad para realizar vigilias de oración en solidaridad con los campesinos brutalmente agredidos, exigiendo la liberación de los campesinos detenidos y pidiendo alto a los abusos de la Empresa Minera Yanacocha, del personal de FORZA y de la policía nacional.
Por su parte la ONG GRUFIDES denunciará oficialmente la brutalidad policial de la que fueron objeto los campesinos detenidos.
En un medio de prensa capitalino y a través de Internet, la empresa minera trató de desviar la atención sobre estos hechos violentos y los abusos cometidos contra los campesinos de Totoracocha, acusando al padre Arana de haber ingresado a su propiedad, hace más de una semana, para realizar fotografías de plantas medicinales. La ONG GRUFIDES ha circulado una nota aclarando la campaña desinformativa de la empresa minera.

Fuente: Grufides