GRUFIDES Servicio de Información

Un emplazamiento a la Agencia Peruana de Cooperación (APCI) a supervisar a la ONG Grfides- que dirige el cura Marco Arana-, que habría promovido las protestas de los comuneros contra la Minera Yanacocha en Cajamarca, hizo el parlamentario del APRA Javier Velásquez Quesquén.

En enero 2006 el Oberservatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos escribía sobre una  Campaña de difamaciones contra ONG nacionales:

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea expresar su grave preocupación ante la presente campaña de descrédito hacia las organizaciones no gubernamentales por parte de altas autoridades del Perú, signo de la ausencia de respeto al trabajo o a los miembros de las ONG nacionales.
(…)
Por su parte, el 20 de enero de 2006, (…) el Sr. Javier Velásquez Quesquén, también en declaraciones realizadas al diario El Expreso, se mostró de acuerdo con lo expresado por el Vocal Supremo, el Sr. Robinson González en el sentido de que “las ONG defienden más sus propios intereses que los derechos humanos”. A este respecto, el Sr. Velásquez Quesquén afirmó “Comparto esa opinión y creo que las ONG, que son personas jurídicas que se constituyen para recibir recursos que vienen de la cooperación internacional, se arrogan una legitimidad que el pueblo no les ha dado y pretenden someter a los poderes públicos a sus designios para justificar las colocaciones que reciben y para llenarse los bolsillos”. El Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso sostuvo además, ironizando, que “hay una ONG que se llama ‘Justicia de los vivos’, que presiona para que las decisiones judiciales se apliquen en función de los criterios que ellos defienden. Las ONG no pueden presionar a los poderes públicos. Es hora de ponerlas en su sitio y acabar con su arrogancia.”
(…)
El Observatorio considera que este tipo de campañas de descrédito contra los defensores de derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, agravadas por el eco recibido en los medios de comunicación progubernamentales crean un fuerte clima de hostilidad contra los defensores y contribuye a distanciarlos de la sociedad civil, lo que les coloca en una situación de peligro aún mayor. Además, declaraciones como las de los Sres. Robinson González Campos, Javier Velásquez Quesquén y Luis Ibérico justifican de algún modo los ataques contra los defensores de derechos humanos miembros de las ONG desacreditadas e, incluso, pueden provocar futuros ataques en su contra.
(…)
El Observatorio urge a las autoridades del Estado de Perú a que aseguren la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de “toda persona individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) y a “garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración” (Art. 12.2).

La Coordinadora Nacional De Derechos Humanos sobre el mismo tema.