por Luis Vittor

Las comunidades se movilizaban por los impactos negativos y los beneficios de la minería en Cajamarca, Huancavelica, Apurímac, Ancash, Moquegua y Lima. Desde las empresas mineras, desde el gobierno, desde el Congreso de la República, desde los medios de comunicación se acusaba de azuzar estas movilizaciones y se llamaba al cierre de CONACAMI. El gobierno modificó las normas legales referidas a los derechos políticos de los ciudadanos, los comuneros también son
ciudadanos, para criminalizar las protestas sociales contra la minería y se militarizaron las zonas mineras. Mas: Servindi