El Comercio / 23 de setiembre de 2006 / Entrevista con Rosario Padilla (viceministra de las minas)

¿Seguirán empleando el esquema de resolución de conflictos utilizado en el caso de Combayo (Yanacocha)?
El
MEM ha activado su rol de prevención de conflictos. En el caso de Cajamarca, le hemos dicho a la población: si tienen temor de que el recurso hídrico vaya a estar en riesgo, entonces hagamos los estudios correspondientes por un ente independiente que ustedes puedan elegir. Si el estudio demuestra que no va a haber impacto, entonces todos felices; y si el estudio demuestra que hay impacto, pero que hay una solución técnica para resarcir o reponer los recursos hídricos, también acéptenlo. Y lo aceptaron. Eso me pareció muy maduro por parte de la población.
(…)

¿Y si la población de una zona apta para la minería decide que no haya minería en su suelo?
En el Perú no existe el derecho de veto de las poblaciones, porque quien decide es el que jurídicamente tiene la atribución, que es el Estado. En este caso tendría que decidir el Poder Ejecutivo porque así lo manda la Constitución. Sin embargo, creo que ningún inversionista va a optar por realizar actividades donde ve que hay un rechazo total, porque no sería viable. Así, si bien es cierto que no existe un veto oficialmente reconocido, los inversionistas tienen un respeto a la licencia social de las comunidades. mas