El Programa “La Ventana Indiscreta” puso ayer al descubierto la existencia de una intrincada red de espionaje contra líderes y organizaciones ambientalistas en La Oroya, Ucayali y Huancavelica en la que estarían involucrados miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI, de la Dirección de Inteligencia de la Marina Guerra – DINTEMAR que venden información y utilizarían equipos para empresas privadas de seguridad como GRUPO ATENEO y ANDRICK SERVICE. Estas entidades a su vez prestan servicios a empresas mineras como DOE RUN, XTRATA y empresas petroleras como REPSOL YPF.

Como también fue puesto en evidencia hace algunos meses por la investigación periodística de La República, diversos activistas y organizaciones ambientalistas de Cajamarca, fueron objeto de acciones de espionaje e intimidación por parte de la empresa privada de seguridad C&G y FORZA, la última de las cuales trabaja para Minera Yanacocha. El patrón recurrente es: empresas mineras o petroleras que contratan servicios de seguridad de empresas privadas las que están conformadas por ex miembros de los servicios de inteligencia del Estado y que mantienen sospechosos vínculos con estas dependencias.

En octubre del año 2005, el programa Panorama difundió información de la existencia de una “red del terror” en el norte del Perú que estaría actuando en contra de las empresas mineras. Se acusaba a lideres sociales, sacerdotes y obispos como los cabecillas de la red. Luego de una seria investigación periodística en diciembre del 2005 se demostró que la información era falsa y el invento de la “red del terror”, se hizo en base de documentos que habrían utilizado fuentes de inteligencia. En dichos documentos se señala que fueron elaborados por encargo de una empresa minera.

La Red Muqui y la Coordinadora de Derechos Humanos han llamado la atención sobre las amenazas a la seguridad de los activistas ambientales y sus organizaciones. Existe una tendencia creciente de hostigamiento a defensores del medio ambiente. Nos preocupa que el Ministerio del Interior no esclarezca los incidentes que afectan a los defensores del medio ambiente y que tampoco brinde protección adecuada a todos aquellos que están en situación de riesgo.Es preciso que se realicen las investigaciones correspondientes y se sancione la conducta delictiva de las empresas mineras y petroleras, así como de las empresas privadas de seguridad y sus nexos con los servicios de inteligencia del Perú. Tales relaciones ponen en peligro la propia seguridad del Estado y la seguridad de los ciudadanos.